
Los países del mundo han tenido que invertir una cantidad importante de recursos para mitigar los efectos del COVID-19. Bajo estas circunstancias, mantener el equilibrio fiscal y seguir al pie de la letra el presupuesto que se tenía antes de la pandemia no es una opción, pues el número de contagios y muertes aumenta rápidamente.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la política fiscal de los gobiernos debe centrarse en dos cosas. En primer lugar, proveer suficientes recursos al sector salud para que pueda atender efectivamente la emergencia sanitaria y, en segundo lugar, ofrecer alivios a los hogares vulnerables y a las empresas. De esta forma será posible garantizar el bienestar social, evitar la destrucción del empleo y mantener la actividad económica a largo plazo.
Teniendo esto en cuenta, cada país ha preparado diferentes paquetes económicos para combatir el COVID-19, algunos más modestos que otros. De acuerdo al BID, hasta abril de 2020, el costo promedio de estas medidas en países desarrollados fue del 16,3% del PIB, “con más de 40% del PIB en Italia”. Mientras tanto, el promedio en América Latina y el Caribe ha sido de 4,1% del PIB hasta ahora, incluyendo el gasto directo, los préstamos a los bancos, las reasignaciones de presupuesto y demás.
En América Latina, Chile ha sido el país que ha anunciado el mayor uso de recursos públicos para este fin con un 15,1% del PIB, seguido de Perú con un 11,1% y después Colombia y el Salvador con aproximadamente 8%. Sin embargo, vale aclarar que esto incluye tanto gastos del Gobierno como créditos a empresas. Si se toman únicamente los compromisos asumidos hasta la fecha por el Gobierno de Colombia, sin incluir los préstamos a las empresas, la cifra llega al 1,7% del PIB. Estos porcentajes no representan el incremento en el gasto, sino los recursos totales, bien sea reasignados o nuevos, puestos a disposición para la lucha contra la pandemia.
Finalmente, el aumento del gasto dependerá de la maniobrabilidad fiscal que tenga cada país y las condiciones de su sistema de salud. Es un momento difícil en el que, además de tener que gastar más, los ingresos tributarios han disminuido por la caída de la actividad económica y los precios de las materias primas en el caso de América Latina. El COVID-19, sin duda alguna, aumentará significativamente la deuda pública de muchos gobiernos a nivel mundial.
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