Historia de la privatización en Colombia

historia de la privatización de empresas en colombia

La reciente propuesta hecha al nuevo Gobierno de Iván Duque por parte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en cabeza de su presidente, Jorge Humberto Botero, sobre privatizar la empresa petrolera Ecopetrol ha causado revuelo en los distintos sectores del país.

Por un lado, mientras que Botero expone la privatización como una manera de generar dividendos importantes que podrían ser usados para invertir en otros sectores, financiar la construcción de infraestructura y garantizar la estabilidad macroeconómica del país, otros han tachado la propuesta de “absurda” e “injustificada”.

Para la Red de Justicia Tributaria, la propuesta es irresponsable ya que la privatización “implicaría seguir cediendo la soberanía energética del país, que hará a la economía más dependiente de empresas extranjeras y de los precios internacionales”. Por otro lado, la Unión Sindical Obrera (USO) ha manifestado su intención de irse a huelga si se lleva a cabo la venta de la Compañía. A la oposición se suma la opinión de expertos en el tema, quienes coinciden que la privatización de Ecopetrol sería más compleja que las otras privatizaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

A lo largo de la historia del país se han transferido 18 empresas al sector privado como “resultado de la necesidad del Estado de liberar recursos para orientarlos a nuevas prioridades como la inversión social, la seguridad y la justicia”, como afirmó la revista económica Dinero a principios del milenio. A continuación, se hace un pequeño recuento de la historia de la privatización de empresas en el país, pasando por las ventas más importantes.

En 1994, el entonces presidente César Gaviria Trujillo sancionó dos leyes determinantes sobre este tema: la Ley 142 de servicios públicos y el la Ley 143 el día siguiente. Estas leyes permitían que inversionistas privados operaran servicios públicos, como el manejo de acueducto, basuras y sector eléctrico, previamente suministrados por el estado.

En 1999, la República de Colombia acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevar a cabo un programa de privatizaciones enfocado en el “aumento de la participación del sector privado en actividades económicas claves”, según estableció el Acuerdo Extendido de Colombia con el FMI.

En una carta recogiendo los avances del acuerdo, el entonces Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos declaró que “el cronograma inicial se vería afectado debido a la escalada terrorista contra puestos estratégicos de la red de energía”.

Aun así, en el año 2000, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana, Colombia vendió Carbocol, la productora estatal de carbón que era dueña del 50% de la mayor mina de carbón de cielo abierto de Latinoamérica; el Cerrejón Zona Norte en la Guajira. La venta, por US$384 millones, se hizo al consorcio conformado por el grupo minero británico Billiton Pic, la empresa sudafricana Anglo America Pic y la empresa suiza Glencore International AG.

Cinco años más tarde, el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera (Fogafin) vendió el Banco Granahorrar por $970.000 millones de pesos al banco español BBVA. La cifra pagada creó expectativas positivas hacia la privatización.

La Nación vendió el 50% más una acción de la Empresa Colombia Telecomunicaciones (Telecom) en el 2006. En la subasta participó la multinacional mexicana Telmex, pero finalmente la asociación se hizo con el Grupo Telefónica de España. La transacción fue de US$369 millones.

Ese mismo año se dio la privatización más grande hasta el momento a manos de la Empresa de Energía de Bogotá, la cual compró a Ecogas, especializada en el transporte de gas natural, por un monto de $3 billones; aproximadamente US$ 400 millones.

En el 2007, Ecopetrol presentó por primera vez una oferta para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta oferta vino acompañada de la emisión de la Ley 1118 del 2006, la cual autorizó a Ecopetrol para “la emisión de acciones para ser colocadas en el mercado y que así estas puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”, asegurándose que “la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en circulación, con derecho a voto”.

En el 2008, la empresa petrolera inició la venta de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Tres años más tarde, Ecopetrol lanzó una segunda emisión de acciones. A raíz de esto, el estado colombiano vendió el 11% de la empresa, lo cual llevó a que se diera la mayor privatización de patrimonio público del país.

En el 2016 se dio la venta de Isagen, empresa que se dedica a la generación de energía y que fue la segunda mayor privatización más alta en la historia reciente del país. Sin embargo, para esta solo hubo una oferta que fue por parte del fondo de inversión canadiense Brookfield. Esta adquirió 57,61% de la empresa por un monto de $6,49 billones de pesos.

Finalmente, este mes concluyó el proceso de la democratización del 16,1%, equivalente a 1.486 millones de acciones de la participación accionaria que tiene el distrito de Bogotá en el Grupo de Energía de Bogotá.