Según el último estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, de los 22 millones de trabajadores colombianos, solo 7,8 millones trabajan formalmente cotizando a los sistemas de salud y pensión. Una realidad que lleva a pensar que la formalización del trabajo en Colombia aún tiene un largo camino por recorrer.
Este fenómeno trae entre sus consecuencias principales que la salud de muchos trabajadores y sus familias deba ser subsidiada por el Estado, lo que representa un gran gasto público. Además estas personas corren un alto riesgo de no tener pensión cuando lleguen a la edad de jubilación; adicionalmente no pagan impuestos, lo que debilita los recursos del Estado.
Según dicho Observatorio, la informalidad laboral en el país es de 65%, lo cual indica que es más grande este porcentaje que el de trabajadores formales que aportan al sistema social, tributario y pensional.
El investigador del Observatorio de la Universidad Iván Daniel Jaramillo señaló en una entrevista para el periódico El Tiempo que “el principal reto para el sistema de relaciones laborales está constituido por la formalización, la contratación directa y el reconocimiento de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores”. De ese modo, se puede garantizar realmente el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, dijo Jaramillo.
Además de las consecuencias para el bienestar de los trabajadores, el fenómeno está presente en gran parte de los sectores económicos, como el transporte, la minería o el comercio. Según cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), de cada 100 pesos que se mueven en negocios, 33 quedan fuera de su radar, lo que representa pérdidas para el erario público.
La misma academia propone una solución en su informe: una primera medida de corto plazo es la de controlar la evasión de las contribuciones que las personas deben hacer. Si bien puede incrementar los costos de las empresas y limitar la generación de empleo, en el largo plazo tendrá beneficios importantes para los mismos evasores, como acceso a pensiones.
Pero la solución a largo plazo es establecer un sistema productivo lo suficientemente rentable en el que las prestaciones sociales por cada trabajador sean sostenibles para las empresas, lo que implica, para los académicos, un modelo económico basado más en las exportaciones y la formación de mano de obra calificada.
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